El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Mérida abre la
puerta a la posibilidad de llevar a cabo un despido colectivo (mediante
Expediente de Regulación de Empleo) para los trabajadores laborales
indefinidos que se encuentran en fraude de ley por sucesión de contratos
u otros motivos. Según la delegada de Personal, Leonor Nogales, en esta
situación se encuentran 55 empleados municipales, aunque otras fuentes
elevan su número al centenar.
El Gobierno local quiere poner freno al capítulo de gasto
en personal, que pasó de 22 millones de euros en 2009 a 27 millones en
2010. Para ello, una de las medidas que se plantea llevar a cabo es un
Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para los laborales indefinidos
contratados en fraude de ley, una medida que hasta ahora no podía
afrontar pero que se permite tras la reciente reforma laboral.
En concreto, la reforma permite el despido por causas
económicas, técnicas, organizativas o de producción del personal laboral
al servicio de las administraciones públicas. Para ello, bastaría con
acreditar una situación de insuficiencia presupuestaria para la
financiación de los servicios públicos durante tres trimestres
consecutivos.
Leonor Nogales apuntó que este tipo de medidas dependerán
del resultado de un informe que se está redactando para evaluar los
costes en materia de personal «a todos los niveles», desde las nóminas a
las bajas laborales. «Se está estudiando toda la situación».
Cuando se concluya ese informe se decidirán qué acciones
llevar a cabo, siempre con el objetivo de «ahorrar en gasto pero
manteniendo la calidad de los servicios». También recalcó que en otras
administraciones públicas se ha planteado a los empleados en fraude de
ley la posibilidad de trabajar a media jornada para reducir gastos.
La delegada recordó que uno de los objetivos del Gobierno
local del PP es reducir los costes en materia de personal. En esa
línea, desde que tomó posesión se acordó no renovar los contratos que
llegaran a su fin, lo que permitió reducir el número de personas que
cobran del Ayuntamiento de 1.169 en mayo de 2011 a 845 al cierre del
ejercicio. Entre ellos se encuentran los más de 300 trabajadores
contratados de forma temporal a finales de 2010 con cargo al Plan de
Empleo Local.
Críticas de PSOE y CC. OO.
Ante estas declaraciones, el Grupo Municipal Socialista
lamenta que «desde que llegó al Gobierno municipal, el PP viene
criminalizando y convirtiendo en sospechosos a todo el personal del
Ayuntamiento desprestigiándolos, sometiéndoles al escarnio y a la
sospecha».
El PSOE apunta que la posibilidad de despedir a laborales
fijos en fraude de ley, situación en la que estima que se encuentran
unas cien personas, afectaría a empleados «que llevan decenas de años
trabajando para el Ayuntamiento, que la mayoría de ellos entraron cuando
gobernaba el PP, que desarrollan unas tareas necesarias para el normal
desarrollo de la actividad municipal y que si ella hace referencia a
unos 55 trabajadores deberá explicar qué criterios objetivos ha seguido
para determinar quiénes son 'prescindibles' y quiénes no».
Por su parte, CC. OO. critica que, mientras se plantean
estas medidas, «se están realizando contratos para ser utilizados como
personal de confianza, sin oferta pública ni sistema de selección e
incrementando las retribuciones de determinados puestos, ocupados en la
actualidad por personas con relación familiar con algunos miembros del
equipo de Gobierno».
El sindicato rechaza la medida y considera inadmisibles
las declaraciones de la delegada de Personal «antes de una huelga
general, puesto que entendemos que tienen como objetivo provocar el
miedo y el desasosiego entre los trabajadores y trabajadoras del
Ayuntamiento de Mérida».
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