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La Generalitat ha presentado esta mañana a los sindicatos, en la mesa de la Función Pública, un plan de reordenación del sector público para los próximos dos años que prevé que los departamentos puedan modificar las condiciones laborables, tareas y horarios tanto de los funcionarios como los laborales en función de las necesidades de la Administración. Del total de 230.000 empleados públicos, la medida afecta a unas 45.000 personas: los técnicos y administrativos, pero excluye a maestros y sanitarios. También prevé traslados geográficos. “Es lo mismo que hace la reforma laboral para las empresas privadas, aplicado al sector público”, han clamado los sindicatos presentes en la mesa por boca de la representante de CC OO, Montse Ros.
El Departamento de Gobernación tiene previsto llevar el plan a la reunión del ejecutivo el próximo martes y se da de tiempo hasta octubre para realizar un diagnóstico de la situación global y comenzar a aplicar las medidas de reorganización. Fuentes del departamento aseguran que los traslados geográficos "serán la anécdota" y que la movilidad será "interdepartamental, dentro de un mismo departamento, o intradepartamental, de uno a otro". Tanto los traslados como los cambios organizativos, indican las mismas fuentes, responden a "la necesidad de racionalizar una organización en la que hay áreas infradotadas y otras supradotadas". La carga de trabajo en el departamento de Territorio, por ejemplo, es mucho menor que hace años, mientras ha aumentado en áreas como los servicios sociales, indican.
El proyecto, que lleva por título "Plan de Ocupación por la racionalización de la organización y optimización del personal al servicio de la Administración de la Generalitat de Cataluña 2012-2014", habla de las "medidas de reordenación e instrumentos de racionalización de personal" en su punto número 8. Indica, entre otras cuestiones, que "se habilita a los departamentos a adoptar medidas de organización interna del trabajo -reorganización de tareas y funciones, así como reordenaciones de jornada y horarios- modificaciones de los puestos de trabajo, redistribución de efectivos, cambios de adscripción de puestos de trabajo y reasignación de efectivos".
El plan también concreta la reducción del 15% de jornada y salario que a partir del 1 de abril se aplicará a los interinos. Los afectados serán 6.800, de forma que quedan excluidos los bomberos, agentes rurales, auxiliares técnicos y especialistas de los servicios penitenciarios, y veterinarios de los mataderos. La aplicación se demora en las áreas de atención a la infancia y de los centros de justicia juvenil. El mayor colectivo afectado son los 3.500 interinos administrativos y subalternos que trabajan en las escuelas. El resto está muy repartido por los departamentos. La reducción de jornada obligatoria, anunciada a finales del año pasado, forma parte del paquete de recortes en las condiciones laborales y salariales, algunas temporales, otras definitivas, con las que el Gobierno catalán pretende ahorrar 625 millones de euros este año.
Muy calientes ya desde el último anuncio de recorte salarial el pasado martes (del 2% aplicado a la paga de Navidad que se sumará al 3% sobre la de verano), los sindicatos han calificado el plan de inaceptable. “En global, las medidas que se han discutido en el seno de la mesa y fuera, y los acuerdos de Gobierno catalán persiguen exactamente los mismos objetivos que la reforma laboral: devalúa salario y condiciones de trabajo e invalida la negociación colectiva”, ha dicho la representante de CC OO, Montse Ros.
Luis Blanco, de Intersindical Alternativa de Cataluña (IAC), ha asegurado que estas medidas “incumplen el Estatuto de Función Pública” y ha calificado de “desfachatez” que el Gobierno les exija que sean conscientes de la situación actual: “ellos que van en coche oficial, o son unos inconscientes o unos delincuentes que nos roban”, ha dicho. En opinión de Xavier Casas, representante de UGT, las medidas son “un expediente de regulación de empleo en toda regla”. Por todo ello, han llamado a los empleados de la función pública a secundar la huelga general convocada para el próximo 29 de marzo.
La Generalitat ha presentado esta mañana a los sindicatos, en la mesa de la Función Pública, un plan de reordenación del sector público para los próximos dos años que prevé que los departamentos puedan modificar las condiciones laborables, tareas y horarios tanto de los funcionarios como los laborales en función de las necesidades de la Administración. Del total de 230.000 empleados públicos, la medida afecta a unas 45.000 personas: los técnicos y administrativos, pero excluye a maestros y sanitarios. También prevé traslados geográficos. “Es lo mismo que hace la reforma laboral para las empresas privadas, aplicado al sector público”, han clamado los sindicatos presentes en la mesa por boca de la representante de CC OO, Montse Ros.
El Departamento de Gobernación tiene previsto llevar el plan a la reunión del ejecutivo el próximo martes y se da de tiempo hasta octubre para realizar un diagnóstico de la situación global y comenzar a aplicar las medidas de reorganización. Fuentes del departamento aseguran que los traslados geográficos "serán la anécdota" y que la movilidad será "interdepartamental, dentro de un mismo departamento, o intradepartamental, de uno a otro". Tanto los traslados como los cambios organizativos, indican las mismas fuentes, responden a "la necesidad de racionalizar una organización en la que hay áreas infradotadas y otras supradotadas". La carga de trabajo en el departamento de Territorio, por ejemplo, es mucho menor que hace años, mientras ha aumentado en áreas como los servicios sociales, indican.
El proyecto, que lleva por título "Plan de Ocupación por la racionalización de la organización y optimización del personal al servicio de la Administración de la Generalitat de Cataluña 2012-2014", habla de las "medidas de reordenación e instrumentos de racionalización de personal" en su punto número 8. Indica, entre otras cuestiones, que "se habilita a los departamentos a adoptar medidas de organización interna del trabajo -reorganización de tareas y funciones, así como reordenaciones de jornada y horarios- modificaciones de los puestos de trabajo, redistribución de efectivos, cambios de adscripción de puestos de trabajo y reasignación de efectivos".
El plan también concreta la reducción del 15% de jornada y salario que a partir del 1 de abril se aplicará a los interinos. Los afectados serán 6.800, de forma que quedan excluidos los bomberos, agentes rurales, auxiliares técnicos y especialistas de los servicios penitenciarios, y veterinarios de los mataderos. La aplicación se demora en las áreas de atención a la infancia y de los centros de justicia juvenil. El mayor colectivo afectado son los 3.500 interinos administrativos y subalternos que trabajan en las escuelas. El resto está muy repartido por los departamentos. La reducción de jornada obligatoria, anunciada a finales del año pasado, forma parte del paquete de recortes en las condiciones laborales y salariales, algunas temporales, otras definitivas, con las que el Gobierno catalán pretende ahorrar 625 millones de euros este año.
Muy calientes ya desde el último anuncio de recorte salarial el pasado martes (del 2% aplicado a la paga de Navidad que se sumará al 3% sobre la de verano), los sindicatos han calificado el plan de inaceptable. “En global, las medidas que se han discutido en el seno de la mesa y fuera, y los acuerdos de Gobierno catalán persiguen exactamente los mismos objetivos que la reforma laboral: devalúa salario y condiciones de trabajo e invalida la negociación colectiva”, ha dicho la representante de CC OO, Montse Ros.
Luis Blanco, de Intersindical Alternativa de Cataluña (IAC), ha asegurado que estas medidas “incumplen el Estatuto de Función Pública” y ha calificado de “desfachatez” que el Gobierno les exija que sean conscientes de la situación actual: “ellos que van en coche oficial, o son unos inconscientes o unos delincuentes que nos roban”, ha dicho. En opinión de Xavier Casas, representante de UGT, las medidas son “un expediente de regulación de empleo en toda regla”. Por todo ello, han llamado a los empleados de la función pública a secundar la huelga general convocada para el próximo 29 de marzo.
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