Adiós al proyecto empresarial que más ha dado que hablar
en Extremadura en la última década. El Ministerio de Medio Ambiente
eligió el día en el que se celebraba una huelga general para anunciar de
forma oficial que rechaza el proyecto de refinería que el Grupo Alfonso
Gallardo pretendía construir en el término municipal de Los Santos de
Maimona.
Al filo de las dos de la tarde, el departamento dirigido
por Miguel Arias Cañete hacía público que ese mismo día había comunicado
a la Junta de Extremadura su propuesta de una declaración de impacto
ambiental (DIA) negativa. Es decir, que no autorizará la industria
porque la considera «medioambientalmente inviable».
De los cuatro argumentos fundamentales que esgrime el
ministerio para justificar su decisión, tres de ellos eran de sobra
conocidos por la opinión pública.
En primer lugar, cita el potencial impacto sobre el
entorno del Parque de Doñana, «el más emblemático de la red española de
espacios protegidos», así como su afección al medio marino, «en una
zona de elevada biodiversidad como es la reserva de pesca marítima
'Frente de Doñana'».
Como es sabido, el proyecto contemplaba además de la
petroquímica la construcción de un oleoducto de aproximadamente 200
kilómetros cuyo trazado discurriría por las provincias de Badajoz,
Huelva y Sevilla.
Ayer, Medio Ambiente aseguraba que advierte «riesgos
ambientales relacionados con los vertidos líquidos y generación de
residuos peligrosos de las instalaciones proyectadas». Además, «se
considera que el proyecto, ubicado a 180 kilómetros de la costa,
incumple los objetivos de eficiencia energética recogidos en la
normativa europea».
Otro de los argumentos esgrimidos es la oposición que ha
mostrado Portugal debido a la condición de transfronterizo que tendría
el proyecto a estar situado a unos 50 kilómetros de la localidad lusa de
Barrancos.
El 5 de mayo de 2009, el Gobierno portugués -entonces
gobernado por los socialistas- aseguró públicamente que la refinería
podría tener impactos negativos para su territorio por afectar a las
aguas de la cuenca del río Guadiana.
En ese sentido, los organismos medioambientales lusos
emitieron dos informes, de 45 páginas, en los que advirtieron de
posibles consecuencias para Portugal en los recursos hídricos de la
cuenca y recomendaron reforzar las medidas de tratamiento o vertido de
aguas y prevención de accidentes.
Fuentes conocedoras de la tramitación del proyecto
reconocieron más tarde a HOY que el rechazo luso había condicionado la
tramitación de la documentación, puesto que aumentaban las posibilidades
de que la Unión Europea, a la que pertenecen tanto España como
Portugal, tumbara la iniciativa.
En tercer lugar, Medio Ambiente también se refiere a la
oposición que han mostrado diversos organismos internacionales, como la
Unesco, la sección de Naciones Unidas centrada en la protección de la
cultura, la educación y la ciencia.
De hecho, el pasado verano, esta organización alertó de
que la distinción de Doñana como Patrimonio de la Humanidad podría
eliminarse si finalmente se construía el oleoducto, al menos tal y como
está diseñado a día de hoy. Así lo afirmó un grupo de trabajo formado
por la propia Unesco, la Secretaría del Convenio de Ramsar y la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza que visitó el Parque
Nacional a comienzos de ese año 2011.
Finalmente, el departamento de Arias Cañete aportó un
cuarto argumento, no conocido hasta ahora: el promotor pensaba construir
en una parcela atravesada por la llamada Vía de la Plata, que forma
parte del Camino de Santiago. Esta circunstancia desaconsejaba la
iniciativa según Medio Ambiente, puesto que afectaba al paisaje y al
patrimonio cultural.
Pese a la sorpresa por la fecha elegida para el anuncio,
lo cierto es que el sentido del veredicto sí que era esperado desde hace
tiempo. De hecho, quienes conocían las interioridades del proyecto
aseguran que los retrasos en la tramitación no eran sino una estrategia
para ganar tiempo de cara a la opinión pública. Dicho de otro modo, las
ministras Cristina Narbona, Elena Espinosa y Rosa Aguilar se fueron
pasando la patata caliente de la una a la otra porque nadie quería
asumir el coste de un enfrentamiento directo con la Junta de
Extremadura, gobernada durante todos esos años por los socialistas y
decididamente favorable a la construcción de la petroquímica.
Al final ha tenido que ser un Gobierno del PP el que tome
la decisión final. En su comunicado, Arias Cañete se vanaglorió de
cumplir su promesa de agilizar las evaluaciones ambientales de «un
procedimiento que se inició en 2005».
No es exactamente cierto. Aunque se pidió la primera
autorización a Medio Ambiente ese año, la verdad es que el documento que
ahora se rechaza fue presentado en enero de 2008, hace cuatro años.
La impresión de que el proyecto iba a ser denegado se
acentuó el pasado 9 de febrero. Ese día Alfonso Gallardo, normalmente
muy esquivo con los medios de comunicación, salió a la palestra para
asegurar que confiaba en que el presidente José Antonio Monago luchara
en favor del proyecto.
De igual manera, el pasado 22 de febrero se anunció que
Andrés Riera era el nuevo director de la refinería, lo que conllevaba la
salida de Edgar Rasquin, el experto venezolana que pilotó los trámites
desde que los comienzos.
«Ni buena ni mala»
Para el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y
Energía, José Antonio Echávarri , la DIA desfavorable «no es buena ni
mala» y avanza que la estudiará en profundidad a fin de poder dar una
respuesta el Ejecutivo nacional dentro de los 15 días establecidos.
Precisó que un equipo se encargará de analizar la DIA
desfavorable al proyecto industrial, aunque aclaró que solo estudiará
los aspectos que conciernen a Extremadura, no así los que se refieren a
Portugal o Andalucía.
Dado que la Junta de Andalucía no ha recibido la
comunicación oficial por parte del ministerio, habrá aspectos de su
declaración, como lo referente al paso por Doñana, que no serán alegados
en principio por ninguna administración.
Echávarri recordó que el Gobierno del 'popular' José
Antonio Monago se ha mostrado a favor de «cualquier proyecto empresarial
que cree empleo» pero que también «sea respetuoso con el medio
ambiente».
Asimismo, criticó que el Gobierno de Zapatero «por
oportunidad política» nunca quiso dar una respuesta, a pesar de todos
los informes negativos contrarios al proyecto, que ya estaban sobre la
mesa antes de que el PP llegase a gobernar en España o en Extremadura.
En este sentido, el portavoz del PP en la Asamblea, Luis
Alfonso Hernández Carrón, recalcó que su partido «no admite lecturas
políticas» de la DIA desfavorable, porque sencillamente no las hay. «Ni
las encontrarán», afirmó. Eso sí, aseveró que el PP está «a favor de que
se cumpla la legalidad, la normativa vigente en materia de instalación
de este tipo de proyectos».
«Nosotros seguimos convencidos de que esto no ha sido una
decisión puramente política, sino eminentemente técnica. Porque ni toda
la presión política que se haya podido ejercer durante estos siete años
con todos estos políticos de un mismo color (socialista) han podido
emitir una declaración de impacto ambiental que fuera positiva», valoró
él portavoz popular.
El líder de los socialistas extremeños, Guillermo
Fernández Vara, por su parte, asegura que no puede entender por qué una
refinería en Extremadura afecta al coto de Doñana y la petroquímica de
la refinería de Huelva no; y lo mismo con la fauna marina.
«Lo peor de todo, no entiendo cómo es posible que un
Gobierno se atreva en un periodo de tiempo tan corto a dejar Extremadura
sin energías renovables, sin Eje 16, sin AVE, sin Valdecañas... Y ahora
sin las posibilidades de tener una industria. Todo ello sin que se haya
levantado una voz de protesta. No sé que plan tiene el Gobierno de
España y la Junta para los extremeños. A otras regiones se les está
dando opciones e instrumentos para crecer, mientras a nosotros se nos
cierran todas las puertas en un periodo de tres meses. Y a ver qué pasa
cuando se den a conocer los Presupuestos Generales del Estado y con
ellos las inversiones en Extremadura», denunció.
Además, Fernández Vara asegura que las únicas que pueden
estar contentas hoy son las grandes multinacionales, Repsol y Cepsa,
«porque se quitan un opositor del medio y la derecha está siempre a
favor de las multinacionales», asegura.
«Aquí lo que sucede es que hay un Gobierno que es
consecuencia de un pacto y unos mandamientos que se oponían a la
refinería y claro, el Ministerio, encantado de la vida, DIA desfavorable
y búsquense la vida como lo han hecho siempre. Me parece inaudito. Si
el futuro de Extremadura pasa porque tres personas de Izquierda Unida
estén contentas, pues ellos sabrán, pero a los miles de parados habría
que darles una respuesta», resume Vara, que no se atreve a decir, sin
embargo, si considera que la DIA hubiese sido positiva si el PSOE
gobernara en España y en Extremadura.
Desde Izquierda Unida, Pedro Escobar calificó ayer de
«triunfo del sentido común» la decisión del Ministerio de Agricultura,
porque en su opinión, «la opción de la refinería en Extremadura era
apostar por un modelo económico caduco».
Desde el punto de vista del líder izquierdista la
decisión «ya estaba tomada hace mucho tiempo, ya que se trataba
fundamentalmente de una decisión técnica, no podían encontrar
científicos que dijeran que eso era viable», subrayó.
Por eso considera que el silencio que ha habido sobre
esta declaración de impacto ambiental «se ha utilizado políticamente en
los últimos años», por lo que apuntó que «alguien tendrá que dar
explicaciones».
Para Juan Manuel Arribas, secretario general de la
patronal Creex, sin embargo, es una mala noticia que acaba con las
expectativas del empresariado, que apostaba porque fuera un proyecto
viable y pudiera crear el empleo que ahora tanto se necesita. De forma
paralela, mostró su máximo respeto a la resolución puesto que se trata
-dijo- de una decisión técnica. Si no, no sería entendible que se
hubiera tardado tanto tiempo en tomarla. Asimismo, afirmó que lo
conocido ayer es una propuesta que todavía debe ser ratificada después
de evaluar las alegaciones que presentará la Junta.
La Plataforma por el Progreso y el Desarrollo de
Villafranca (Prodevi) considera que la decisión del ministerio obedece a
«cuestiones políticas». «Es definitivamente una mala noticia para la
región, que con esta decisión retrocede al menos 50 años en el tiempo,
porque no nos va a permitir desarrollar un tejido industrial. Sin
refinería, sin AVE, sin Eje-16, sin inversión pública, no sé qué vamos a
hacer para levantar esta región que parece estar condenada a ir en el
furgón de cola», opina el portavoz de este colectivo, Pedro Pecero.
Considera que José Antonio Monago deberían velar por los
intereses de Extremadura «que necesita una inversión de este tipo y una
creación de empleo de este calibre».
En el otro extremo, la 'Plataforma Refinería No' celebra
la noticia. «Los motivos que justifican la DIA negativa son los que
nosotros hemos mantenido desde hace años, que además, estaban
sustentados por los informes de técnicos independientes y solventes,
procedentes de Bilbao, Madrid, Barcelona y Valencia», celebró ayer Reyes
González, portavoz de la plataforma.
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